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La defensa de Cristina prepara sus cartas: tras "la foto", habrá un pedido de suspensión del juicio

La defensa de Cristina prepara sus cartas: tras "la foto", habrá un pedido de suspensión del juicio
La exmandataria confirmó que se presentará en la primera jornada del debate. Luego de que se lea la acusación, su defensa solicitará una postergación
Por Sebastian Albornos
18.05.2019 00.10hs Legales

Con el país en vilo por el inicio del juicio a Cristina Kirchner, el ámbito político hierve de especulaciones sobre las estrategias de todas las partes.

Se da por descontado que la ex presidenta intentará una suspensión del juicio. Esto que pondrá al tribunal en una situación compleja, luego de la recomendación que hizo en los últimos días la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no incurrir en errores procesales que pudieran derivar en un pedido de nulidad.

El día marcado en rojo en los calendarios es el martes 21. A las 12 del mediodía, el Tribunal Oral Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, comenzará a juzgar a Cristina por –presuntamente– ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública de la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

Los abogados de la exmandataria confirmaron que ella se presentará en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py para escuchar la lectura de las acusaciones. Y hasta ironizaron con que le habían pedido que "vaya divina para la foto". Pero, a continuación, pedirán que se suspenda el juicio hasta que la Corte Suprema se expida sobre los recursos de queja que presentaron porque no se habrían peritado unas 45 obras de las involucradas en el expediente.

Hay que tener en cuenta que el juicio será muy largo y que terminará en mayo/junio del próximo año si no hay interrupciones. Es decir, puede suceder que en el país haya otro mandatario, que podría ser la actual senadora de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires.

En la primera jornada del debate, Cristina se sentará en el banquillo junto a otros 15 acusados, casi todos exfuncionarios de su gobierno, y sus respectivos abogados defensores.

Entre ellos se encuentran Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José López (ex secretario de Obras Públicas), Lázaro Báez (dueño de Austral Construcciones y beneficiario de las obras) y Carlos Kirchner (ex secretario Coordinador).

Los tres primeros están privados de su libertad con prisión preventiva por otras causas. El último, primo del ex presidente, es el único detenido en el expediente conocido como "Vialidad", ya que habría obstruido la investigación al declarar un domicilio inexistente y por querer sacar fondos de una cuenta embargada por la Justicia.

De Vido está preso por irregularidades en el manejo de fondos de la mina de Río Turbio, al igual que López, quien se encuentra encarcelado porque se lo encontró con bolsos con casi u$s9 millones de dólares. Aquellos que en 2016 intentó esconder en un convento de General Rodríguez.

En tanto, Báez sigue detenido en la causa por lavado de dinero de la obra pública a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Las audiencias se llevarían a cabo todos los lunes y se estima que, de continuar el calendario previsto -sin tomar en cuenta los posibles parates solicitados por la defensa para aguardar la resolución del máximo tribunal por el recurso de queja-, la exmandataria brindaría su declaración en julio. Sería la primera acusada en testimoniar.

Para empezar, la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques tomar al menos dos jornadas, ya que consta de unas 600 páginas.

Después, pasarán por la sala cerca de 160 testigos, que trabajan o trabajaron en la Dirección Nacional de Vialidad y/o de Santa Cruz. También declararán peritos (ingenieros y especialistas) que evaluarán los términos, condiciones y demás circunstancias relevantes de las licitaciones viales adjudicadas al Grupo Austral.

Cristina Kirchner solicitó -y se le hizo lugar- que sean citados a declarar los ex jefes de Gabinete Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

También testimoniarán empresarios como Carlos Wagner, Enrique Eskenazi, Eduardo Eurnekian y Ángelo Calcaterra.

La acusación

En los autos de elevación a juicio, el fiscal Gerardo Pollicita sostiene que "se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Báez"

Esto representó la contratación del Estado por más de 46.000 millones de pesos.

Para el representante del ministerio público, se trató de una maniobra que contaba con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".

De acuerdo con la investigación, los fondos públicos fueron girados a Valle Mitre, empresa de Báez, y eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de plazas hoteleras.

"Santa Cruz, lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez", sostuvo el fiscal Pollicita, que actuó en la etapa de instrucción.

De esta manera, para Pollicita, el titular del Grupo Austral se convirtió en el empresario de obra pública vial más beneficiado por las gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner y acusa a éstos de diseñar una maniobra para erigir a su amigo personal como principal contratista del Estado.

Antecedente de suspensión

Este no será la primera postergación que podría sufrir el juicio. En febrero, el TOF 2 lo demoró para este 21 de mayo, a raíz de problemas de salud de uno de los jueces.

El magistrado Jorge Tassara fue sometido a una operación de triple by pass a corazón abierto y luego falleció. Andrés Basso ocupó su lugar.

En enero del año pasado, Cristina Kirchner había presentado un requerimiento para que el proceso llegara cuanto antes a la instancia oral, a fin de que el caso tuviera "un esclarecimiento definitivo y público", tras señalar que las imputaciones se le endilgaban "de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho".

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